Financiamiento de Campañas
A partir de las denuncias por financiamiento irregular de la política, hoy las campañas están bajo un mayor escrutinio público que hace 30 años y el gasto ha disminuido en los comicios presidenciales. El aumento en el gasto electoral municipal abre nuevas interrogantes.
Algunos Hitos
En agosto de 2003 se publicó la Ley Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral (19.884), que en adelante ha tenido una serie de modificaciones. El origen de la legislación fue la discusión pública a raíz de causas judiciales, entre ellas el caso MOP-GATE.
En 2015 estallaron las causas judiciales por financiamiento ilegal de la política. Primero fue el caso Penta. Luego, en el caso SQM, la Fiscalía indagó el uso boletas falsas que fueron remitidas al SII.
En marzo de 2016, la Presidenta Michelle Bachelet creó el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, que lideró el economista Eduardo Engel. Del informe final, surgieron leyes sobre financiamiento de la política y reinscripción de militantes de partidos políticos.
En los comicios presidenciales (primera y segunda vuelta) existe una tendencia a la baja en gasto electoral en las últimas décadas. En las elecciones de 2021, donde venció Boric, el gasto electoral nominal, fue 25% menor al de 2005, cuando triunfó Bachelet.
El mayor gasto electoral de los ciclos recientes corresponde al de diputados. Tanto en términos nominales como reales, el dinero gastado allí representa casi tanto como el gasto de presidenciales y alcaldes combinados.
Durante este siglo el financiamiento de las campañas para alcalde ha tenido un incremento explosivo: entre 2004 y 2020 aumentó en 170%, medido en pesos de cada año (64% en cifras reales si se aplica la inflación).